El ámbito veterinario está profundamente ligado a la legislación, aunque muchos profesionales y propietarios no sean conscientes de ello hasta que surge un problema. Cada actuación clínica, desde una consulta rutinaria hasta una cirugía compleja, tiene implicaciones legales directas: documentación que debe registrarse, información que debe proporcionarse al propietario, y decisiones que deben justificarse conforme a la lex artis veterinaria.
Soy Andrés Santiago, perito veterinario experto, profesor universitario en el área de Veterinaria Legal, deontología y bioética. Director del Observatorio Español de Pericia y Seguridad Veterinaria y presidente de la Sociedad Española de Pericia Veterinaria.
Marco legal que regula la práctica veterinaria
La actividad veterinaria está rodeada de obligaciones legales que influyen directamente en el día a día de cualquier clínica. La historia clínica, el consentimiento informado, la correcta prescripción farmacológica, la trazabilidad de los medicamentos y la comunicación con el propietario no son simples requisitos administrativos: son exigencias legales pensadas para proteger tanto al profesional como al tutor del animal. Cuando estos elementos se gestionan adecuadamente, aportan seguridad jurídica y permiten demostrar que la actuación se ajustó a los estándares aceptados. Cuando se descuidan, aumentan de forma notable las posibilidades de conflicto, ya que cualquier discrepancia se amplifica si la documentación es incompleta o confusa, y el veterinario queda sin herramientas para acreditar su diligencia.
Responsabilidad profesional y la importancia de la lex artis
Los aspectos legales en veterinaria no giran en torno a si un caso “sale bien” o “sale mal”, sino a si el profesional actuó con coherencia técnica, criterio clínico y respaldo científico. La lex artis es el marco que determina si una actuación ha sido correcta: no exige infalibilidad, pero sí exige que cada decisión se pueda justificar. Un animal puede empeorar o fallecer sin que exista negligencia, pero para demostrarlo es imprescindible que el veterinario pueda acreditar que siguió protocolos adecuados, que informó correctamente y que la evolución del paciente se gestionó de forma profesional. En cambio, errores en la monitorización, decisiones no justificadas o falta de comunicación pueden derivar en responsabilidad civil, administrativa o incluso penal. La jurisprudencia es clara: la documentación y la explicación técnica son clave para determinar si hubo o no responsabilidad.
El papel de los informes periciales en la resolución de conflictos
Cuando surge una disputa, el informe pericial veterinario se convierte en la pieza central que ayuda a interpretar los hechos desde una perspectiva técnico-legal. Su función es analizar el caso de forma independiente, revisar la historia clínica, evaluar las decisiones tomadas y compararlas con la evidencia científica y los estándares aceptados. Para jueces, abogados y aseguradoras, este análisis es esencial: traduce el lenguaje clínico en argumentos comprensibles y aporta una evaluación objetiva sobre si la actuación se ajustó a la lex artis. Gracias a ello, los informes periciales facilitan acuerdos extrajudiciales, aclaran dudas técnicas, evitan litigios innecesarios y contribuyen a que el sector veterinario funcione con mayor transparencia, seguridad jurídica y confianza por parte de los propietarios.